Lima, 08 Mayo 2006
Se ha planteado abierta y sesgadamente, la posibilidad de un voto en blanco en la segunda vuelta con el argumento de que ninguno de los candidatos que han quedado en liza convence a los electores. Las razones van desde una fácilmente descartable desde una perspectiva numérica, hasta alguna otra que, sin mayor profundidad, recoge la tesis que el pueblo puede, en una democracia, hacer lo que quiere en un proceso electoral, en aquel momento de cada cinco años en que es, efectivamente, el soberano.
La primera razón pretende apuntar a la ilusión que generan los que no pasaron a la segunda vuelta es, que con una gran masa de votos en blanco, se podría declarar nula la elección. Ya se ha dicho que esa nulidad sólo llevaría, a que se volviese a plantear la elección en segunda vuelta entre los mismos candidatos que ganaron en la primera. No hay posibilidad de decretar la nulidad de todo el proceso y comenzar de nuevo desde cero. El vacío sólo se generaría si después de una segunda o tercera elección entre los candidatos que pasaron a esta etapa, los votos nulos o blancos alcanzaran las dos terceras partes en cada oportunidad y no por cuestiones jurídicas sino por un caso de descomposición política.
Este cálculo es imposible. Tomando en cuenta el porcentaje de los votos emitidos por los candidatos del APRA y de la UPP, se llega a 46.091% entre ambos (25.685% de Humala y 20.406% de García), eso quiere decir que basta que los que ya votaron por ellos ratifiquen su voto, lo que es altísimamente probable, para que numéricamente el alegato que se pasa a través de los correos electrónicos caiga por los suelos. Si nadie más que esos electores repitiera su voto, entonces ya está destruida la posibilidad de alcanzar el 66.66667% que se requeriría para anular la elección. A lo máximo que podían aspirar si todos, repito, todos los demás viciaran su voto o votaran en blanco sería a 53.909%. Les faltarían casi trece puntos más para alcanzar eso que en los correos llaman justicia divina.
Pero más allá de esta razón numérica hay una razón cívica y de concepción del principio democrático, que obliga también a los electores a quedar vinculados por las decisiones de la mayoría en el proceso en que participan y resulta ser también, luego de esa primera vuelta una suerte de funcionario del Estado con una misión específica, la de darle gobierno al país.
En la votación se expresa lo que Rousseau llama la voluntad general, la consulta a todo el pueblo, la reunión para decidir sobre lo trascendente, luego, viene la obligación que ese cónclave da a cada uno de los ciudadanos del país: designar gobierno. Lo contrario, como lo ha señalado con claridad Valle Riestra, es dar lugar a la anarquía, a la prolongación del actual parlamento, a la prórroga del mandato presidencial, al descalabro del sistema político y, en última instancia, abrir las puertas al golpe de Estado.
En una democracia no cabe picarse. La democracia requiere de ciudadanos, no de individuos. El individuo reacciona de acuerdo a lo que a él le parece o le provoca sin cura de lo que sucede en su derredor. El ciudadano tiene el deber, la carga cívica, de pensar en el bien de la comunidad en cada una de sus decisiones y de ceñir su actitud a las reglas a las que se sometió como garantía de la convivencia. Uno de sus deberes básicos es contribuir, como órgano electoral en que se convierte, en forjador del gobierno de la nación.
En suma, ni desde la perspectiva utilitaria, ni menos aún desde la de las esencias del sistema democrático que protestamos todos defender, cabe en la segunda vuelta escaparse del deber de decidir por cualquiera de los dos que pasaron la primera valla.
Alberto Borea Odria
