"Sí, él me ha ordenado que te busque, él está comprometido, también está comprometido Santiago Fujimori", le respondió Vladimiro Montesinos a su viejo amigo Francisco Loayza, cuando éste le preguntó acerca de las responsabilidades sobre el crimen de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991.
Tras largos meses de ostracismo, Loayza, el primer asesor de campaña de Fujimori, acababa de ser llamado por Montesinos para entregarle un encargo del mandatario. Éste quería que se bloqueara la designación de Javier Diez Canseco como presidente de la comisión investigadora del Senado sobre esos hechos. Sabía que Loayza conocía al presidente del Senado, Máximo San Román, y confiaba en su vinculación para bloquear esa posibilidad.
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Fujimori estaba temeroso luego que uno de los testigos del crimen revelara el número de las placas de dos vehículos que trasladaron a los asesinos hacia la quinta del jirón Huanta, y luego que se conociera que las placas pertenecían a carros oficiales que estaban asignados nada menos que a su hermano Santiago y al viceministro del Interior David Mejía, un hombre de Montesinos.
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Pese a las presiones del gobierno, las investigaciones de Diez Canseco revelaron que la quinta del jirón Huanta había sido objeto de vigilancia por parte del Servicio de Inteligencia y que meses antes dos agentes habían sido detenidos por miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía, pues sospechaban de su presencia. La existencia de un grupo de aniquilamiento aparecía como la versión más certera de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas, hecho que preocupó a los mandamases del régimen y fue una de las razones del golpe de Estado de 1992.
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Era tan evidente la vinculación del crimen que Abimael Guzmán, el líder senderista, dio órdenes para enjuiciar al gobierno por el crimen, en momentos en que los autores todavía no habían sido identificados. Guzmán dijo que sus abogados debían utilizar el Código Penal para acusar al régimen por delito de genocidio: «Estamos incursos en lo que dice acá, por eso es clave cerciorarse si no hay ningún error. Bien ¿qué delitos? dice: matanza a miembros del grupo, Barrios Altos, ya está incurso dentro de esto ¿no?...»
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Guzmán les recomendaba a sus abogados estudiar el artículo 129 del Código Penal para darles una lección a los asesores del gobierno. «Habría que ver ahora cómo se hace con Barrios Altos; es vox populi que es contra nosotros, ¿quién lo ha hecho? ¡Que busquen y juzguen a los que resulten culpables, pues! ¿La deniegan? Muy bien, que la denieguen, pero voy y me quejo. ¿Para eso no dicen que hay Tribunal o Comisión Internacional? (...) Ahora sí tenemos un caso típico de genocidio, nos parece que habría que denunciarlo...»
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Tal vez por eso suenen reveladoras las palabras de Montesinos señalando que si es posible cometer crímenes en nombre del Estado. Lo sabe bien el hombre que puso en práctica la utilización de métodos de guerra sucia para acabar con la subversión en el país. Lo sabe bien, el subordinado de Fujimori, en nombre del cual ordenaba matar, secuestrar e intimidar a todo aquel que se pudiera al frente de la dictadura que se implantó en el país a partir de 1992.
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Como no creer en la versión del hombre que indujo a su propio padre al suicidio, con sus maltratos constantes y sus imputaciones por la muerte de su madre. El hombre que, cuando su padre se suicidó con una sobredosis de barbitúricos, declaró suelto de huesos: "¿Tú crees que la muerte de este hijo de puta afecte mi carrera?"
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Lo real es que Montesinos demostró que es un hombre de temer. Así lo reconoce el propio Loayza que estudia la posibilidad de solicitar asilo en Chile, pues sabe que Montesinos tiene sus propios sicarios. Una de sus víctimas habría sido el policía que apresó a Fujimori luego que una de sus alumnas lo denunciara por violación. Según Loayza, el policía pagó con su vida tamaño atrevimiento.
-Publicado: 03/07/2008
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