El 28 de julio de 1985 el flamante presidente Alan García en su discurso inaugural, refiriéndose al problema de la violencia política en el país sostuvo enfáticamente que su gobierno no combatiría la barbarie con la barbarie. Insurgía así contra una política antisubversiva condenada desde diferentes sectores por su permanente recurso a prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos y que había sido uno de los factores para que un fenómeno marginal y aislado en sus inicios, empezara a extenderse por el país. Accomarca y Pucayacu a los quince días de instalado el nuevo gobierno, el 14 de agosto de 1985, como respuesta a una serie de emboscadas senderistas, se pone en práctica la "Operación Huancayoc".
Así, un contingente del Ejército comandado por el subteniente Telmo Hurtado, atacó la aldea de Accomarca en el departamento de Ayacucho. 69 campesinos murieron durante el ataque, incluyendo algunas mujeres y niños. Antes, el 7 de agosto, cinco hombres y dos mujeres que habían sido detenidos en un operativo militar fueron llevados a la zona de Pucayacu en un camión del Ejército por un contingente al mando del teniente De la Cruz Salcedo. Los detenidos fueron asesinados con disparos en la nuca. Más tarde se pudo establecer que hablan actuado por órdenes del teniente coronel David Lama Romero, jefe político-militar de Huanta. La reacción presidencial frente a los sucesos de Pucayacu y Accomarca fue rápida y enérgica. El 15 de septiembre, el Presidente le pidió la renuncia al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praelli, después que él negara públicamente estos sucesos y los atribuyera al oportunismo de los políticos.
El Presidente ordenó, asimismo, que el Comando Conjunto compareciera ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El 17 de septiembre, se presentaron los generales Sinesio Jarama Dávila, comandante de la Zona de Seguridad del Centro y Wilfredo Morí Orlo, jefe político-militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho. Sus testimonios fueron evaluados como insuficientes y no ofrecieron respuesta sobre los hallazgos.
Esa misma noche, el gobierno anuncio el cambio del general Jarama a otro puesto y el pase a retiro de Mori. A fines de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Javier Valle Riestra, viajó a la zona de la masacre y entrevistaron al subteniente Hurtado quien se mostró desafiante en sus respuestas, llegando incluso a justificar el crimen "en defensa de Los políticos y de la democracia". Luego de un trabajo bastante sostenido y rápido la Comisión evacuó su informe.
En el de mayoría, se defendía la tesis de que los crímenes cometidos debían ser sometidos a la jurisdicción ordinaria y no a la de los tribunales militares, pero ignorando las recomendaciones de la Comisión, el Senado decidió por mayoría terminar con las investigaciones y pasar los expedientes al fuero militar para que fueran juzgados. Como consecuencia de ello el senador Valle Riestra renunció a la presidencia de la Comisión. Los responsables de los hechos terminarían luego básicamente impunes.
La Comisión de Paz
Alan García formo una Comisión de Paz. Sus integrantes fueron monseñor Augusto Beuzeville; Fernando Cabieses, médico vinculado al Partido Aprista; Diego García Sayán. secretario ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas: César Rodríguez Rabanal, psicólogo y Alberto Giesecke, conocido científico. Presidió inicialmente la Comisión el abogado Mario Suárez Castañeda, antiguo militante aprista.
La Comisión trabajó recopilando información y documentación sobre problemas relacionados con los derechos humanos y en la formulación de una política alternativa frente al problema de la violencia. Un primer acuerdo de la Comisión de Paz fue someter a consideración del Presidente, una serie de recomendaciones, las que si bien no fueron explícitamente rechazadas por el gobierno, tampoco fueron tomadas en cuenta. Ante estos problemas y la falta de apoyo claro del Presidente, los miembros de la Comisión de Paz renunciaron de manera colectiva en enero de 1986. Con el fracaso de la Comisión de Paz se desperdició una gran oportunidad de una convocatoria amplia a la ciudadanía que planteara nuevos rumbos a la lucha contra la violencia y por los derechos humanos.
La matanza de los penales
El 17 de junio de 1986, Alan García en la cúspide de su popularidad recibía a delegaciones de todo el mundo que venían a participar, por primera vez en Lima, en un Congreso de la Internacional Socialista. Aprovechando esta circunstancia, presos senderistas de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara tomaron rehenes, se apoderaron de sus pabellones y anunciaron su decisión de no rendirse, hasta obtener la plena satisfacción de sus demandas. A las cuatro horas de haberse tomado al primer rehén, el Presidente García convocó una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en la que participaron los jefes de las instituciones militares. Allí se tomó la decisión de entregar al Comando Conjunto el control de los penales en procura de establecerla calma lo más rápido posible. En la cárcel de mujeres la Guardia Republicana recuperó el control del penal relativamente rápido. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados quedando dos internas muertas. Mientras tanto, en El Frontón, el viceministro del Interior Agustín Mantilla anunciaba que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención. Luego la marina atacó militarmente el Pabellón Azul usando armas de guerra y luego con la ayuda de un helicóptero echaron abajo las paredes. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los rehenes y 135 prisioneros. A Lurigancho llegó el escuadrón Llapan Atic de la Guardia Republicana que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial donde los senderistas tenían al rehén. A las tres de la mañana. después del ataque con fusiles y granadas, los senderistas se rindieron. Horas más tarde los 124 senderistas que ocupaban el edificio estaban muertos; habían sido asesinados, uno a uno, de un tiro en la nuca. El escándalo nacional e internacional frente a este crimen múltiple fue enorme. El presidente García visitó tardíamente, el lugar de los sucesos y haciendo uso de su acostumbrada elocuencia, dijo que frente a éstos sólo cabían dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo".
En los días o meses siguientes nada significativo se hizo por determinar lo sucedido y sancionar a los responsables. Sólo un año después se logró que empezara a actuar una Comisión Investigadora del Congreso y que se le encargara la presidencia al senador opositor Rolando Ames. La Comisión realizó un amplio, riguroso y severo proceso de investigación de lo sucedido, lo que permitió una reconstrucción de los hechos verdaderamente detallada y escrupulosa. El Informe Ames que quedó al final en ajustada minoría por las maniobras del APRA encontró que hubo imprevisión en la actuación del gobierno, así como desgobierno en los penales, permitido por el entonces Ministro de Justicia, Luis Gonzáles Posada. Se demostró que la información proporcionada al país era distorsionada y dirigida a magnificar los hechos. Igualmente se probó que las autoridades gubernamentales principalmente a través de la actuación del viceministro Mantilla y los mandos militares impidieron y limitaron ilegalmente la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Encontró, asimismo, que el gobierno dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificable número de muertes.
Ello, cuando el Presidente pidió debelar los motines en el plazo más breve y perentorio, sin existir ninguna razón que obligara a actuar con excesiva premura. Se estableció, por otro lado, que la fuerza militar utilizada en el ataque a los amotinados fue desproporcionada e innecesaria en relación al peligro realmente existente. Sólo en el caso de El Frontón los internos tenían tres armas de fuego fuego, en los otros dos penales carecían de ellas. En cambio las fuerzas encargadas de reducir a los internos utilizaron fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, bazucas, cañones de 81 milímetros, explosivo plástico y dinamita. El Informe confirmó que las fuerzas encargadas del debelamiento realizaron ejecuciones extrajudiciales. En Lurigancho se fusiló con un disparo en la nuca a un número superior a 90 internos ya rendidos. En "El Frontón", la Marina voló el Pabellón Azul a sabiendas que en su interior se encontraban aún internos con vida. Otro aspecto grave que consigna el Informe Ames, es que se pretendió encubrir los delitos realizados por las fuerzas del orden durante las acciones de debelamiento de los motines.
El propio presidente García conoció inmediatamente el número de víctimas; sin embargo en lugar de ordenar en ese momento la investigación de esos hechos, felicitó al Comando Conjunto de la Fuerza Armada; asimismo prohibió el ingreso de los jueces y civiles, declarando 'zonas militares restringidas' a los penales. La denuncia sobre lo sucedido, hecha luego de los sucesos por el Presidente se refirió exclusivamente al caso de Lurigancho, pese a que se conocían ya los hechos ocurridos en los otros penales. El Informe Ames atribuía responsabilidades al Presidente y al Consejo de Ministros, a los oficiales encargados de las operaciones de debelamiento, al personal militar y policial que participó en ellas, al Fiscal de la Nación, César Elejalde, a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y al viceministro del Interior. El Informe propuso al Congreso se aplique el antejuicio constitucional a los ministros y a Alan García, al finalizar su mandato.
Sin embargo primó la impunidad.
La Corte Suprema argumentó que por tratarse de hechos ocurridos en el marco de una zona militar restringida tenía que inhibirse de ver la causa y decidió su traslado a la jurisdicción militar. El caso de El Frontón fue sobreseído por uno de esos tribunales, al no encontrar responsabilidad alguna en lo sucedido. En el caso de Lurigancho sólo se encontró responsabilidad en dos oficiales subalternos de la Guardia Republicana, absolviéndose a los demás acusados. No sólo eso, sino que el Senado ascendería tiempo después al General José Rabanal Portilla, Jefe Militar encargado de debelar el motín de Lurigancho, al más alto rango del escalafón militar.
El círculo de impunidad se cierra en noviembre de 1990, ya durante el régimen de Fujimori, cuando la Cámara de Diputados con una precaria mayoría conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos contra y 75 a favor de la acusación constitucional contra Alan García. En el debate se hizo evidente que existía un acuerdo político para exculpar al ex-presidente. Según fuentes de prensa de la época una delegación del APRA encabezada por su secretario general, Luis Alva Castro, fue hasta en 3 oportunidades en Palacio de Gobierno y pasada la medianoche a reunirse con Fujimori.
